PERÚ: Estado da la espalda a víctimas de violaciones de derechos humanos
Con la escalada de los conflictos y el cercano colapso del derecho internacional, el mundo está recogiendo una cosecha de consecuencias terribles, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la presentación de su Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde evalúa la situación de los derechos humanos en 155 países.
En su análisis de Perú, el informe da cuenta que, en un contexto de crisis social y política, las autoridades debilitaron instituciones públicas, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, lo cual ha puesto en peligro el acceso de toda la población a la justicia y al ejercicio de sus derechos humanos. En este contexto, ante la muerte de 50 personas, víctimas de la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, aún no se han asignado responsabilidades y no se vislumbra un camino llano hacia la justicia.
“El 2023 fue un año de graves retrocesos para los derechos humanos en Perú. Vemos con gran preocupación que la respuesta a las violaciones de derechos humanos en diferentes ámbitos es la impunidad. Esta situación se agrava con el permanente debilitamiento de instituciones claves para el acceso a la justicia”, sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
En esta línea, la liberación de Alberto Fujimori vulneró el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las que el expresidente fue declarado responsable. Esta decisión, que fue en desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sentado un peligroso precedente para el acceso de las víctimas a la justicia.
El informe subraya también la creciente violencia que enfrentan las y los defensores de la tierra, territorio y medioambiente en Perú, quienes protegen bosques, ríos y ecosistemas en escenarios de expansión de actividades ilegales e ilícitas en el territorio nacional. Solo en 2023 cuatro defensores fueron asesinados en el país ante la ausencia de medidas de protección integrales.
Por otro lado, los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres y niñas se mantienen en el país, y pese a que en 2023 se registraron 170 feminicidios y 1 354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, cuatro de ellas menores de 11 años, se registró un retroceso en las políticas para promover la igualdad de género y se debilitaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“En lugar de enfrentar la violencia machista de forma estructural, asistimos al desmantelamiento de toda política que busque reconocerla y combatirla. Los discursos antiderechos se multiplican, incluso desde el propio Estado peruano que, en lugar de proteger a las mujeres y niñas, y garantizar sus derechos, se convierte en cómplice de esta violencia al avalar retrocesos, como debilitar la educación sexual integral o eliminar el lenguaje inclusivo”, señaló Navarro.
Este escenario de impunidad y crecimiento de discursos antiderechos puede reforzar la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBI en diferentes ámbitos: solo en 2023 las organizaciones peruanas de personas trans denunciaron el asesinato de ocho personas transgénero que pueden considerarse delitos de odio. Pese a ello, no existe aún un registro oficial de este tipo de crímenes.
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